En las propuestas de políticas sociales más rompedoras
siguen resonando los anhelos y los miedos
de los diferentes horizontes de emancipación.
Un ejemplo son las controversias sobre la renta básica universal
que, recordemos, es una propuesta que pretende garantizar
unos ingresos básicos a toda la ciudadanía de un país,
independientemente de su nivel de renta.
La propuesta es vista con buenos ojos
por una minoría del pensamiento liberal más antiintervencionista,
que la percibe como una buena alternativa
de redistribución de mínimos
que permita desmantelar los servicios públicos
y reforzar la provisión mercantil.
Los servicios públicos funcionarían así bajo demanda consumista.
Los que defienden la renta básica desde el igualitarismo
la ven como una medida complementaria de los servicios de provisión pública
como la educación o la sanidad, y no como una medida sustitutiva.
Permitiría, eso sí, reconceptualizar profundamente los servicios sociales,
demasiado burocráticos y fiscalizadores.
Dejar de problematizar y fiscalizar a aquellos que son etiquetados
como “socialmente excluidos”
y empezar a pensar en la redistribución económica
desvinculándola del rol que hay que ocupar
en la estructura productiva capitalista,
son precisamente los elementos que más afinidad electiva
generan entre la renta básica y los planteamientos libertarios.
Al mismo tiempo, hay reticencias a la propuesta de la renta básica
que proceden de las tres sensibilidades ideológicas.
Comparten cierta desconfianza sobre las consecuencias
de desvincular la redistribución de la producción y del esfuerzo.
Dicho llanamente: genera malestar la idea de hacer del trabajo
algo prescindible para sobrevivir.
Se temen las consecuencias morales que eso podría tener,
en el sentido de erosionar un compromiso básico,
quizá el principal de todos, para el funcionamiento social:
vincularse personalmente a la producción
y reproducción económica de la sociedad.
Desde la posición liberal mayoritaria, la propuesta de la renta básica
es el paradigma de los males del estado de bienestar.
Echa a perder el motor competitivo que hace que el mundo funcione
y, además, supondría una presión fiscal insostenible.
Desde las sensibilidades socialistas
hay quien sospecha que la propuesta puede ser un caballo de Troya
de la derecha liberal para desmantelar el estado de bienestar.
Finalmente, una parte de los libertarios
temen que la renta básica reduzca a los ciudadanos
a la figura de consumidores,
reforzando el papel del dinero como medida de todas las cosas.
Partiendo de la controversia de la renta básica
y también de las reflexiones
que he ido proponiendo en los cinco capítulos anteriores,
se podría concluir que los estados de bienestar,
y especialmente los estados de bienestar más igualitaristas
computados dentro del régimen de bienestar socialdemócrata,
son el justo punto medio entre las propuestas
de las distintas ideologías de emancipación.
Frustra los horizontes de sociedad idealizados de todas ellas,
pero resuenan las principales advertencias críticas
respecto a los excesos que cometen las demás.
Se trata de una conclusión que conviene matizar.
No todos los corpus ideológicos
están igual de lejos de los estados de bienestar.
En la medida que se trata de un modelo económico
que combina espacios sustantivos de mercantilización y estatización,
la ideología libertaria,
fundamentada en la oposición tanto a la mercantilización
como a la estatización,
es especialmente distante al estado de bienestar.
De hecho, los estados de bienestar, a pesar de poder tener
importantes componentes de estatización de la economía,
se conforman dentro de economía capitalistas de mercado.
Pese a la crítica que reciben desde el liberalismo económico,
especialmente del más ortodoxo,
es este, de los tres cuerpos ideológicos tradicionales,
el que le es más cercano.
En este sentido, lo cierto es que, en los últimos 40 años,
el conflicto político e ideológico hegemónico se ha resituado
de una forma que ha dejado
las aspiraciones socialistas y libertarias fuera de juego.
Sus postulados siguen influyendo en la política social,
pero los modelos sociales y económicos globales
que se discuten asumen la centralidad del mercado.
En la práctica, los regímenes de bienestar más garantistas
e igualitaristas,
los regímenes socialdemócratas de los países nórdicos,
se han convertido en la frontera de redistribución igualitaria máxima,
y casi quimérica, a la que es posible aspirar.
Los escenarios de futuro de la política social
surgen en el marco de esta situación ideológica,
donde la tensión se establece entre las propuestas
que se reflejan en los regímenes socialdemócratas
y las propuestas de unos regímenes de bienestar liberales
muy de mínimos, lo menos intervencionistas que sea posible.
En medio de esta tensión, los estados de bienestar
tienden a cambiar su concepción, objetivos y prioridades.
Las políticas activas desplazan las políticas pasivas;
se prioriza la inversión destinada a mejorar la empleabilidad
y el capital humano del país
o se prefieren, cada vez más, las formas de intervención pública
que estimulan iniciativas privadas en la provisión de servicios.
Así, el estado de bienestar tiende a concebirse
menos como una red de distribución y protección básica,
que tiene que asegurar unos estándares básicos de bienestar
para el máximo de ciudadanos posible,
y pasa a hacerlo más como un actor imprescindible,
un complemento necesario para un funcionamiento eficiente
de las economías nacionales,
enmarcadas en un contexto competitivo global.
Este cambio de los imaginarios ideológicos
ha venido acompañado de cambios profundos
en la estructura económica global.
En términos generales, podríamos decir
que los procesos de globalización y digitalización económica
han significado que la economía productiva y financiera
funcione cada vez más a escala mundial
mientras que los procesos de regulación y redistribución económica
siguen teniendo como principal marco de referencia a los estados nación.
Para muchos economistas, adscritos a una perspectiva analítica liberal,
las transformaciones económicas de las últimas décadas
han revolucionado la economía de un modo
que hace tambalear tanto la posición económica hegemónica
de los países occidentales de referencia
como la mayoría de las posiciones laborales de Occidente.
En este marco, el papel regulador y redistribuidor
de los estados del bienestar hace las economías más rígidas
y poco competitivas porque no las deja adaptarse
a las condiciones cambiantes del mundo
y las condena, de este modo, a que se empobrezcan.
La conclusión de esto es que el debilitamiento de los estados
de bienestar no hace que el mundo, en su conjunto, sea más desigual,
y se correlaciona con un enriquecimiento global.
En primer lugar, permite reactivar el espíritu emprendedor
y dinámico de los países occidentales.
En segundo lugar,
la desigualdad creciente dentro de muchos países occidentales
viene acompañada de la mejora económica de otros países,
con China e India a la cabeza.
Esto apunta a una desconcentración de la clase media
con capacidad de consumo,
lo que puede ser visto como un indicador de más justicia social
a escala internacional.
Desde una interpretación económica crítica,
el diagnóstico es bastante diferente.
En el marco económico capitalista global han prevalecido,
desde la colonización, dos dinámicas de explotación:
la primera, de escala internacional,
se funda en la colonización
y se basa en la explotación de los recursos humanos y materiales
de los países pobres;
la segunda, de escala nacional,
explica la explotación laboral de los trabajadores.
Visto así, la explicación funcional del estado de bienestar
incorporaría una nueva acepción.
Sería, efectivamente, el resultado de una conquista política igualitaria
apoyada en la sombra amenazante de los países socialistas.
También sería una concesión a los trabajadores
sustentada en la necesidad de generalizar el consumo
y de equilibrar
la dimensión productiva y reproductiva de la economía.
Pero a esto hay que añadirle el papel legitimador del orden mundial.
Al hacer menos intensa la desigualdad dentro de los países occidentales,
se generan suficientes complicidades como para que no sea un problema
la explotación del norte sobre el sur.
Desde esta perspectiva crítica, en los últimos 40 años,
este esquema ha empezado a desdibujarse
y las dos dinámicas de explotación han empezado a converger de nuevo
en un solo eje de explotación global
que el estado de bienestar había contribuido a desdibujar.
La globalización y digitalización económica,
tanto productiva como financiera,
permite que el capital sea cada vez menos cautivo
de los marcos de regulación estatal
y, por tanto, se puede desentender de participar en ellos fiscalmente.
A su vez, los estados, más que reguladores soberanos,
son actores que compiten por ser atractivos
para el capital desnacionalizado,
y eso desincentiva la presión fiscal y la regulación económica y laboral.
La consecuencia de esto es, por un lado,
el crecimiento constante de la concentración de la riqueza
a escala global y, por otro lado,
la desarticulación de los estados de bienestar.
A todo esto, hay que sumarle
que el crecimiento económico se evidencia como deudor
de una mercantilización progresiva de la economía
que no tiene por qué significar más bienestar,
y deudor también de una tercera explotación,
cada vez más evidente e irreversible:
la de los recursos naturales del planeta.
Sea cual sea el diagnóstico correcto,
la cuestión es que el marco económico global
reforzado por la transformación
de los imaginarios ideológicos compartidos
impulsa y naturaliza una vulnerabilidad creciente
de los estados de bienestar.
Y es en este marco global, ideológico y económico,
en el que debemos situar las controversias sobre la crisis.
A nivel económico, se expresa en la dificultad creciente
de financiamiento de los estados de bienestar:
la menor capacidad (y a menudo también la menor voluntad)
de exigir solidaridad fiscal al capital;
el descenso recaudatorio vinculado a la mayor precariedad
y dualización del mercado laboral;
el cuestionamiento del endeudamiento público
como mecanismo anticíclico para afrontar las crisis económicas;
o los cambios demográficos
que provocan el descenso de la proporción de población activa.
A nivel ideológico, en cambio,
se expresa en la paradoja de que las demandas al estado de bienestar
no dejen de crecer en frentes cada vez más variados,
al mismo tiempo que lo hace la desconfianza
respecto al tamaño de los estados de bienestar
y a su eficacia como mecanismo redistribuidor.
Ante esto, ¿cómo afrontamos el crecimiento del volumen
y la proporción de personas mayores?
¿Y las transformaciones de los modelos familiares
que hacen que la sociedad sea más plural
y tenga necesidades de apoyo más heterogéneas?
¿Cómo afrontamos los nuevos retos educativos
que un mundo tan acelerado pone encima de la mesa?
¿Podemos plantearnos nuevas formas de emancipación
tan atrevidas como la renta básica universal?
Estas son las preguntas y retos
que como ciudadanos y como profesionales nos interpelan,
en un marco que no facilita el hallazgo de salidas compartidas
ni satisfactorias.
No obstante, esto no las convierte en menos perentorias.