La igualdad es el tercer gran pilar
que sustenta las ideologías de emancipación.
En términos generales, tendemos a situar la igualdad
dentro del ámbito de la economía, y la asociamos
al volumen de recursos materiales o económicos que los individuos tienen.
Una distribución igualitaria
es aquella en la que el volumen de recursos entre individuos
no difiere demasiado,
y una distribución desigual es aquella en la que difiere mucho.
Desde esta perspectiva,
la apuesta a favor de la igualdad es especialmente fuerte
en el pensamiento libertario y socialista.
En sus postulados, la propiedad privada,
la concentración del capital
y el control privado de los medios de producción,
fundamentos del sistema capitalista,
se vuelven incompatibles con la igualdad.
Ante esto, la voluntad de lograr una redistribución igualitaria
resuena en los modelos de reciprocidad igualitarista
de tiempos pretéritos.
Pero hay una diferencia fundamental
entre las propuestas marxistas y libertarias.
El socialismo considera imprescindible
una estructura centralizada de planificación y redistribución
para escalar y universalizar la igualdad
en la distribución económica de recursos y oportunidades.
En cambio, el anarquismo defiende que lo que hay que escalar
son las fórmulas de autoorganización económica
y de participación democrática directa.
Perciben las estructuras estatales como mecanismos de gestión de poder
que generan desigualdad porque la forma de acceder a los mismos
no puede ser democrática.
En el mejor de los casos, la igualdad económica que se consigue
desencadena una profunda desigualdad en la acumulación de poder.
Esta desconfianza se expresa, por ejemplo,
en el hecho de que el principal sindicato anarquista español, la CNT,
no permitiera la filiación de funcionarios públicos
antes de la Guerra Civil Española.
Dentro de las sociedades capitalistas de hoy en día,
esta confrontación entre el igualitarismo de base marxista
y el igualitarismo de base libertaria
tiene consecuencias significativas en las preferencias de unos y otros
en el despliegue de las políticas sociales.
Mientras que los primeros apuestan inequívocamente
por la provisión pública de los servicios básicos,
las sensibilidades libertarias son más ambivalentes.
Hay quien considera más importante
generar una alternativa a la provisión pública,
autónoma e impulsada por cooperativas
y entidades independientes y sin ánimo de lucro.
Es la forma de controlar
la acumulación y distribución desigual de poder
que inevitablemente invoca el estatismo.
En contraste con estas propuestas igualitaristas,
el liberalismo clásico defiende
un concepto bastante diferente de igualdad.
En consonancia con su concepción del ser humano,
la igualdad se tiene que asociar, sobre todo,
a la igualdad formal ante la ley,
y no a una igualdad en la redistribución de los recursos
que genera la economía.
Por un lado, hacer que la igualdad avance demasiado
tiene un problema de orden pragmático.
Pensar que la economía funcionará partiendo de la propensión natural
del individuo a colaborar con los demás,
como hacen los libertarios, es una ingenuidad.
Y la planificación propugnada por el socialismo
tampoco puede sustituir eficientemente
el mercado y la libertad comercial
como motor de la producción económica y del crecimiento.
Pero tan importante como esto es que poner la igualdad en el centro
hace injusta a la sociedad,
porque toda ganancia en términos de igualdad
socava el principio moral superior de la libertad.
En este sentido, la política social
se sostiene sobre un elemento que interfiere en la libertad individual:
la política fiscal.
Toda carga impositiva es una intromisión del estado
en lo que debería ser un bien inalienable: la propiedad privada.
Cabe decir que esta última afirmación se tiene que matizar un poco.
Si bien es cierto que la mayoría del liberalismo clásico
ha hecho una defensa cerrada de la propiedad privada,
muchos pensadores liberales clásicos, como Adam Smith o John Stuart Mill,
eran críticos con una acumulación de patrimonio y renta
que favoreciera el enriquecimiento mediante dinámicas extractivas,
y no productivas.
El libre mercado tenía que superar lógicas de acumulación especulativa
propias de la sociedad aristocrática y feudal.
Pero, en cualquier caso, para el liberalismo clásico,
una sociedad desmercantilizada,
ya sea en la versión estatalista socialista
o en la versión desestatizadora anarquista,
hace desaparecer el estímulo básico que activa la producción:
la voluntad de mejorar personalmente
o la certeza de que, en el caso de no trabajar, sufrirás las consecuencias.
Al ahogar la iniciativa privada,
se detiene el progreso económico y el enriquecimiento general.
La consecuencia es que la obsesión igualitarista
provoca una economía empobrecida,
en la que solo es posible igualar por debajo.
Pero ya hemos visto que a partir de los años 30 del siglo XX,
partiendo de las aportaciones de Keynes,
aparecen teorías económicas liberales alternativas
que, aceptando la preeminencia del mercado,
contradicen la tesis de que toda desmercantilización
y toda política social sean un lastre para el progreso económico.
Una idea básica de estas teorías es que, aunque es cierto
que poner el punto de salida de la organización de la economía
en el mercado es positivo para el crecimiento
y el progreso económico, la concentración de capital
es más un freno que un estímulo para este crecimiento.
En cambio, limitar significativamente
la concentración especulativa de capital,
desactivar la concentración monopolística del capital
en ciertos sectores o potenciar la redistribución
tiene un efecto estimulador de la economía.
Autores como Thomas Piketty, Paul Krugman o Joseph Stiglitz
encabezan hoy en día esta corriente de pensamiento.
En buena medida, la socialdemocracia
se convierte en la expresión política de estos planteamientos,
que no ven los regímenes de bienestar garantistas con resignación,
sino como un punto de equilibrio deseable
entre mercantilización y desmercantilización igualitarista.
Ante esto, las corrientes neoliberales,
que siguen la tradición antiintervencionista clásica,
apuntan que, incluso las políticas sociales más marginales,
articuladas por los regímenes de bienestar liberales más restrictivos,
tienen el efecto perverso de convertir a los individuos en miembros pasivos
y acomodados de la sociedad,
incapaces de responsabilizarse de ellos mismos.
Es el efecto producido
por el tipo de transferencias económicas condicionadas
que, proyectando los mecanismos propios de la caridad privada
a la asistencia pública,
se dirigen a sectores de la población especialmente desfavorecidos.
Esta escena de Million Dollar Baby, del director Clint Eastwood,
muy significado políticamente en favor de las tesis neoliberales,
lo ejemplifica.
La protagonista lucha para cumplir el sueño de ser boxeadora profesional
a pesar de tener unas condiciones de vida muy precarias,
y consigue alcanzar su sueño.
Su familia, en cambio,
mira de socavar su afán de superación
porque se contradice frontalmente con su estilo de vida,
acomodado a la dependencia de la ayuda pública.
Pero lo cierto es que no es la política social redistributiva
la que crea la pobreza.
La prueba evidente es la gran cantidad de trabajadores pobres
que hay en Estados Unidos.
Personas que, pese a que acumulan más de una jornada laboral,
no consiguen superar el umbral de la pobreza relativa.
Sin redistribución estatista,
la pobreza existiría y existe igualmente,
y tiene consecuencias más dramáticas al no haber esta red de seguridad.
Pero hay políticas de redistribución que, efectivamente,
pueden tener como efecto arraigar culturalmente
a las personas en posiciones de dependencia y subalternidad.
Ocurre cuando las ayudas están condicionadas de tal modo
que provocan que aquellos que las reciben
sean definidos y representados como pobres,
hasta el punto que corren el riesgo de quedar encasillados
identitariamente en estas posiciones.
La paradoja que el estado de bienestar
desencadena sobre el principio de la igualdad
es la más evidente de todas.
Se trata de un modelo de organización socioeconómica
que puede ser entendido como un punto de equilibrio
entre las concepciones de la igualdad del liberalismo y del socialismo.
Además, lo avalan escuelas de pensamiento político
y académico cada vez más consolidadas.
Pero, una vez más, el estado de bienestar
es punto de equilibrio y de fallida de los horizontes de emancipación
de las principales ideologías.
Para el marxismo
no se consiguen mecanismos de redistribución económica
o de reciprocidad suficientemente sólidos e igualadores.
Para los libertarios,
a esta insuficiencia se le suma el hecho
de que lo poco que se consigue en igualdad económica,
se hace a costa de una gran desigualdad de poder,
porque los mecanismos democráticos
para controlar la concentración estatista de poder son poco eficaces.
Y desde el liberalismo ortodoxo se ve la redistribución económica
de las políticas sociales como una interferencia injustificable
en la libertad individual
y como un obstáculo insalvable para el progreso económico.
Ahora bien, en el debate sobre la igualdad no todo tiene que ver
con la distribución final de recursos económicos o de poder,
con cuánto tienen unos y cuánto tienen otros.
Hay una cuestión paralela, igual de relevante,
que remite a las oportunidades de acceder
a las posiciones sociales más privilegiadas.
Abordamos esta cuestión en el siguiente capítulo,
que lo dedicamos a la paradoja de la igualdad de oportunidades.